SimCity, pero con trámites
Permit Pending, un constructor de ciudades para navegador de Peter Cai, te pone en el papel de alcalde electo en vez de un dios: cada bloque de apartamentos, cada carril de autobús y cada fábrica pasa por audiencias, objeciones, demandas y apelaciones antes de construirse. La economía de fondo es real —los residentes tienen edades, ingresos y viviendas, las empresas contratan y cierran, los valores del suelo y los alquileres están vinculados— mientras tú intercambias concesiones en las audiencias, gastas influencia en un concejo de siete escaños y te enfrentas a la reelección cada cuatro años. Su demo sigue una reurbanización de 12 pisos reducida a 6 en la audiencia, apelada y demandada, con los alquileres subiendo el día de las elecciones. Los escenarios van desde una aldea de 200 residentes hasta una metrópoli de 300.000.
La discusión
La mayor parte de la conversación apenas toca el juego en sí y lo usa como excusa para una guerra sobre zonificación. El argumento más agudo es el de Cyberax: la densidad y el transporte ubicuo causan la escasez de vivienda, no la curan, porque las empresas se agrupan en núcleos urbanos, atraen trabajadores en un circuito de retroalimentación, y una ciudad en crecimiento físico no puede construir lo bastante rápido cuando cada apartamento cuesta unos dos años de trabajo; cita los datos de alquiler FRED de Houston y su relajación del lote mínimo en 2014 como prueba. Los opositores responden con fuerza: BugsJustFindMe y Scottious replican que solo la oferta que va detrás de la demanda sube los precios, apuntan a París con ~53.000 personas por milla cuadrada bajo un límite de 7 pisos, y señalan que la propia escena del mes 42 del juego (inquilinos y propietarios furiosos que culpan al alcalde) es justo lo que produce la revisión discrecional. Hilos adyacentes llaman a la zonificación municipal un «mini-Gosplan», contrastan el sistema nacional basado en reglas de Japón con la revisión discrecional de EE. UU., y proponen zonificar a nivel estatal o dar a las leyes cláusulas de extinción de 20 años.